Desde hace un par de décadas los estudios sobre las necesidades de infraestructura de los países de América latina se centran en determinar el concepto de brecha. Es decir, buscan definir la diferencia entre lo que existe y lo que debiera existir. Los análisis incluyen estudios de cada país con comparaciones donde existen serios problemas con la homogeneidad de los datos. Sin embargo, se puede considerar que existen cuatro grupos de países: 1) Brasil y México; 2) Colombia y Argentina; 3) Chile, Perú, Bolivia y Venezuela y 4) el resto de los estados caribeños y sudamericanos. Las variables consideradas son el tamaño de la economía así como su dimensión geográfica y poblacional. Ambas se interrelacionan a causa de las indivisibilidades de la inversión pública, es decir, la participación en el PIB y en el gasto público de una ruta que conecta dos ciudades en una región escasamente poblada es mayor que en el caso de una región altamente poblada. En los estudios existentes, la brecha está determinada para América Latina en su conjunto y para cada uno de los países.
Esas investigaciones estiman para el conjunto de la región la necesidad de una duplicación de la participación de la inversión en infraestructura del 3 al 6 por ciento de PIB, es decir 159 mil millones adicionales. Se trata de un gasto que debe ser realizado todos los años y se reputa como un esfuerzo considerable que requiere la búsqueda de fuentes de financiamiento externo a América Latina y del sector privado. La composición del gasto en infraestructura actual es 70 por ciento del sector público, 20 por ciento lo realizan empresas privadas y 10 por ciento son donaciones de los organismos financieros internacionales o países europeos. Los estudios suelen definir el destino (el “deber ser”) en tres rubros: logística (transporte, rutas, almacenamiento, etc), inversión social (agua y cloacas, servicios de salud, vivienda, etc) y tecnología de comunicación e información (las TICs).
Frente a este diagnóstico general cabe hacerse algunas preguntas: 1) ¿cómo se define ese “debe ser”?, y 2) ¿es realmente un esfuerzo considerable para las economías de la región? El “deber ser”, sustento del cálculo de la “brecha”, da una racionalidad a los proyectos a realizar y se basa en i) su cálculo es en base a parámetros que tienen países en desarrollo, o bien, ii) en función de la diferencia que media en la productividad que existe con las economías más avanzadas. En ambos enfoques se vuelve a un viejo esquema del pensamiento colonialista por el cual las colonias, o las ex-colonias, deben mirarse en el espejo de los países centrales (europeos). O de una manera más sencilla, los países de latinoamérica deben ir hacia una economía cuyas características fundamentales sean iguales a la de los países más avanzados.
Tal objetivo se justifica desde una perspectiva abstracta, pero cada región y cada país tiene su historia que define un diferente funcionamiento de su economía. Los problemas y restricciones que tienen en su crecimiento y desarrollo son radicalmente distintos. Si, como es común a todos los países de nuestra región, el escollo central es la restricción externa resultante de exportaciones que están compuestas fundamentalmente de materias primas contra importaciones de bienes manufacturados y tecnológicos, la racionalidad de un plan de inversión pública debe atender tal problemática. La elección de los proyectos debe contemplar el desarrollo tecnológico e industrial, sabiendo que para el actual paradigma productivo con la dominancia ordenadora de Estados Unidos es una utopía hacer “todo de todo”. Ello no obsta para desarrollar a través de la inversión pública líneas que participen en innovaciones y desarrollos modificando la estructura productiva y el contenido de las exportaciones-importaciones.
En segundo lugar, el pensamiento ortodoxo de América Latina suele confundir el esfuerzo en la disponibilidad de recursos monetarios con los recursos reales. Si para construir una máquina los ingresos monetarios no alcanzan, un préstamo a cuenta de los ingresos futuros resuelve el problema “real”. Entonces, ¿se puede realizar las inversiones necesarias sin ninguna restricción? Desafortunadamente no es posible. Las inversiones traerán crecimiento que aumentan las importaciones que solo podrán ser posibles con aumento de las exportaciones o con deuda externa que sea coherente con el futuro aumento de las exportaciones y nada tiene que ver la restricción fiscal. Desafortunadamente la actual política económica de la mayor parte de América Latina ha devenido en lo contrario.
Norberto E. Crovetto
Economista UNAJ - Undav.
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